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Jordi Cases, autor de la querella contra Sandro Rosell por presunta apropiación indebida en el traspaso de Neymar, presentó ayer en el juzgado un escrito en el que ratifica en todos sus términos la acción penal emprendida, a raíz del escrito presentado por el club, que no por el querellado, en el que pedía su inadmisión a trámite.
En este trámite ha surgido una novedad importante que el querellante conoció merced a la aportación documental del club cuando fue requerido por el juez. Se trataría de una cantidad adicional incluida, al parecer, dentro del contrato laboral como pago único en el primer año al jugador, por valor de 10 millones de euros.
El letrado representante del querellante, Felipe Izquierdo Téllez, expone en su escrito firmado también por la Procuradora, que a la vista de los contratos aportados por el FC Barcelona se evidencia de manera nítida la posible relevancia penal de los hechos alegados en la querella, a los que hay que añadir nuevos hechos conocidos a través de esos contratos, como, a título de ejemplo meramente enunciativo, «el pago de 10 M. de euros (8´5 M. + 1´5 M.) por conceptos quiméricos», de los que los socios tienen un absoluto desconocimiento y que constituyen un claro perjuicio económico para el FC Barcelona.
El letrado concluye solicitando al Juzgado que dicte Auto de admisión de la querella y, además, solicita que junto a las diligencias de prueba solicitadas en el escrito de querella, se practiquen las siguientes:
1) Que se requiera al FC Barcelona para que aporte los contratos que sustentan el pago de 7´9 M. de euros por derechos de tanteo de 3 jugadores juveniles del Santos.
2) Que se requiera al FC Barcelona para que aporte los contratos que sustentan el pago de 9 M. de euros por jugar dos partidos con el Santos.
El club había admitido el desembolso de 17,1 millones al Santos por el traspaso y otros 40 a la sociedad N&N en concepto de indemnización por la adquisición frustrada de los derechos del futbolista. Además, también reconocía el pago de 7,9 millones al club brasileño por el derecho de tanteo sobre tres jóvenes figuras de sus categorías inferiores. Y, por último, la organización de un partido amistoso que si no se disputara debería indemnizarse con 4 millones de euros.
No se dirige contra el club
El querellante rechaza que con sus actuaciones esté intentando desprestigiar al club azulgrana. «La querella se dirige contra el Sr. Rosell, no contra el Barcelona», matiza en su escrito.
Además, reitera que no han afirmado que el querellado se haya apropiado de los 40 millones e insisten que los hechos narrados en la querella «patentizan una más que probable y verosímil relevancia penal».
Y añade que en su interés está la defensa de la honorabilidad del Barcelona, que no es lo mismo que la honorabilidad de su presidente.
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