El actual presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, se teme lo peor una vez declaren ante el juez el expresidente Sandro Rosell y el representante del club, y esto lo saben los servicios jurídicos del socio querellante, Jordi Cases.
Cases, famoso -a su pesar- por haber interpuesto la querella que ha sumido al club blaugrana en la mayor crisis institucional de su historia, no tiene nada decidido acerca de una eventual ampliación de aquella al actual presidente Josep María Bartomeu.
Fuentes de toda solvencia han asegurado a Iusport que los servivios jurídicos de Cases, encabezados por Felipe Izquierdo, van a esperar por el desenlace de las declaraciones que se producirán esta semana a cargo de Sandro Rosell y del representante legal del club, para decidir si finalmente solicita la imputación del actual presidente y de algún directivo más.
Es más, según fuentes consultadas por Iusport, el letrado del socio querellante está convencido de que no será necesaria la ampliación de la querella, pues será el propio fiscal quien, a la vista de tales declaraciones, unido a las pruebas documentales que ya obran en su poder, solicitará al juez la imputación de Bartomeu y del vicepresidente Javier Faus, puesto que ambos firmaron diferentes contratos del caso Neymar.
El pasado día 7 de mayo, Felipe Izquierdo, letrado de Jordi Cases, se preguntaba en Iusport: «¿Por qué paga el Barça 13,5 M de euros?»
Y se contestaba el propio jurista: «El todavía hoy presidente Sr. Bartomeu, a esta pregunta responde en síntesis: 1) que ellos han cumplido de modo exquisito con las obligaciones fiscales; 2) que todo se reduce a una discrepancia administrativa y 3) que hacen el pago, ¡por prudencia!».
«Evidentemente, una vez más el Sr. Presidente ataca la inteligencia del más común de los mortales».
«¿Es imaginable que Ud., Sr. contribuyente, haga un ingreso a Hacienda “por prudencia”, por ejemplo para la declaración del año 2016 y más cuando Ud. todo lo hace bien?”.
“Aquí lo que realmente sucede, es que las cosas se han hecho desde la prepotencia y el desprecio a todo aquel que no comulgue con sus ideas».
Los servicios jurídicos de Jordi Cases consideran que los pagos realizados en esta operación los tendrían que asumir los directivos implicados en el caso, pero a título personal, puesto que el club no tendría que hacer frente a las citadas cantidades.
Según el fiscal y la Agencia Tributaria, el Barça incurrió en un fraude tributario de 9,1 millones de euros, al no declarar debidamente el pago a las sociedades vinculadas al jugador de 10 millones de euros en 2011 y otros 27,92 millones en 2013 para asegurarse su fichaje.
Esos 9,1 millones supuestamente defraudados correspondería al 24,75 por ciento de los 37,9 millones que el Barcelona pagó a las empresas del entorno de Neymar y que la fiscalía entiende que no forman parte del traspaso sino del salario del jugador y, por lo tanto, deben ser considerados como rendimiento de trabajo.
El Barça explicó que el pago de la cantidad de 13.550.830,56 euros tiene como objetivo «dar cobertura a las eventuales interpretaciones que se puedan dar a todos los contratos firmados con motivo del fichaje del jugador Neymar», pero, como ya indicábamos en otro capítulo de esta serie, la cantidad será insuficiente, pues se avecina una multa cuya cuantía máxima se cifra en 54 millones de euros.