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La diputada socialista en el Parlamento valenciano Eva Martínez reveló este miércoles en una comisión de las Cortes Valencianas, que ella misma y el también diputado socialista Josep Moreno han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de un delito de malversación en la compra de la empresa Valmor Sports, organizadora de la Fórmula 1.
Según la información que publican El País y El Mundo, el 19 de julio de 2011, justo un día antes de la dimisión del presidente Francisco Camps, el secretario autonómico de Grandes Proyectos, Luis Lobón, firmó un contrato por el que se prorrogaba diez años más la vigencia del acuerdo inicial de 2007 con Bernie Ecclestone, y la Generalitat sustituía a Bancaja (hoy Bankia) como garante de todas las obligaciones del contrato para la organización del Gran Premio en Valencia con efecto retroactivo desde el 31 de diciembre anterior.
Dicho documento, ha asegurado, demuestra que «no era necesario comprar» esta sociedad que arrastraba una deuda de más de 34 millones de euros, para continuar organizando el Gran Premio. Añadió que el contrato sobre la prórroga del contrato de la Fórmula 1 ha estado «hasta ahora oculto por el Consell», que es el que firmó el expresidente de la Generalitat Francisco Camps el 19 de julio de 2011, «un día antes de dimitir».
La Generalitat Valenciana compro´ Valmor por un euro a cambio de absorber casi 50 millones de euros en pe´rdidas de la sociedad. Valmor fue otro capricho de Camps y estaba integrada por Bancaja Participaciones, Fernando Roig –presidente del Villarreal CF– y Worldwide, constituida en 2007 por el ex piloto Jorge Marti´nez Aspar y vinculada a la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino.
“El nuevo garante se compromete con efecto desde la fecha de sustitución, a pesar de la fecha de ejecución y entrega de esta escritura, a aceptar, observar, ejecutar y liberar al garante actual de todas sus responsabilidades y obligaciones bajo el contrato de derecho del circuito”, se lee en el contrato entre Formula One Administration, APM Sport y Beta Premia, empresas de Ecclestone; Valmor Sports, teórica organizadora de la prueba automovilística en Valencia; la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, que se había hecho cargo en 2009 del pago del canon anual y se había convertido en coorganizadora, y la Generalitat Valenciana.
En definitiva, Francisco Camps convirtió a la Generalitat en responsable última, y con efecto retroactivo de todo lo relacionado con la prueba de Fórmula 1 en Valencia.
La denuncia del PSOE va dirigida contra el presidente valenciano, Alberto Fabra, y todos los miembros del Consell que en diciembre de 2011 aprobó la operación de compra, entre ellos el propio Ciscar, la actual secretaria autonómica de Comunicación, Lola Johnson, y la actual delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León.
Eva Martínez recordó que el propio Ciscar había explicado la semana pasada, a raíz de otra denuncia presentada también ante la fiscalía por Esquerra Unida sobre la compra de Valmor, que era la opción “menos mala” porque no hacerlo hubiera supuesto no celebrar el Gran Premio en Valencia y pagar una penalización de 71 millones de dólares (unos 51 millones de euros). “No es cierto”, añadió la diputada, porque la Generalitat “podía decidir sobre el Gran Premio sin comprar Valmor”.
Sin embargo, la parlamentaria puntualizó que aún en el caso de que hubiera habido que afrontar la mitad de la penalización, sería menos de los 34 millones de euros de deudas de Valmor y los 39 millones que costó la última de edición de Fórmula 1, la de 2012.
Preguntada por si considera que el contrato que firmó Camps el día antes de dimitir perjudicó a la Comunitat, Martínez ha asegurado que «evidentemente, toda la Fórmula 1 ha perjudicado a los intereses de la Comunitat» porque «son cerca de 300 millones de euros los que nos hemos gastado en este gran evento» que Fabra «lo ha mantenido hasta comprar Valmor, cuando ya sabía que no se iban a poder celebrar por cuestiones económicas más ediciones de la Fórmula 1».
IPC DE EEUU Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Una de las cosas más llamativas del contrato era la clausula que establecía que a partir del año 2015 se recalcularía el canon a pagar por Valencia en función del «índice de precios al consumo de Estados Unidos».
Además, también según El Mundo, se acordó que la legislación aplicable en el acuerdo seria la inglesa y no la española.
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