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Todos los grupos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados, menos el PP, han pedido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que dé marcha atrás a su proyecto de ley de seguridad ciudadana.
Apodada como «ley mordaza» por toda la oposición, se ha debatido el pasado jueves en el Congreso, donde se han presentado nueve enmiendas de devolución para que se retire el proyecto. Las críticas se han centrado en su voluntad «represora de los derechos y libertades» y en su intento de reprimir las protestas ciudadanas.
Rosa Díez ha incidido en el hecho «insólito» de que nueve grupos parlamentarios tan distintos en su ideología hayan coincidido en pedir la devolución en forma de enmienda de totalidad. La líder de UPyD ha señalado que no sólo perjudica a los ciudadanos, sino que tampoco da «seguridad jurídica» a los agentes a la hora de hacer su trabajo, porque deja demasiadas situaciones a su discreción, lo que tampoco convence a los sindicatos policiales.
En lo que al deporte se refiere, la tristemente famosa disposición que penaliza la práctica deportiva en la calle, es cierto que ha quedado ligeramente retocada a instancia del Consejo de Estado, pero se mantiene en lo sustancial.
Como consecuencia de la fuerte contestación que el proyecto ha tenido en múltiples sectores, las infracciones consistentes en comportamientos que afectan al pacífico disfrute de los espacios públicos y que pueden generar un riesgo para la integridad de las personas, así como los daños o el deslucimiento de bienes muebles e inmuebles de uso o servicio público así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan delito, se tipifican como infracciones leves (en el texto anterior eran graves).
De acuerdo con la nueva redacción, es infracción «la práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes».
Los diputados de Izquierda Unida y Compromís han posado amordazados en las escalinatas del Congreso, después de que Greenpeace desplegara parcialmente una pancarta alusiva a la ley frente al Palacio de la Carrera de San Jerónimo.
El ministro del Interior ha defendido el proyecto como un texto «profundamente garantista» que tiene «perfecto encaje» en la legislación y fruto de la necesidad de recoger «las conductas incívicas» tras 23 años de vigencia de la ley actual. Fernández Díaz ha recordado que el anteproyecto se ha corregido con las observaciones recibidas por distintos organismos y colectivos y ha asegurado que su intención «no es sancionar más sino hacerlo con más garantías y menos discrecionalidad».
Ricardo Sixto, de Izquierda Unida, ha calificado el proyecto de «versión más light» después del «varapalo» de las observaciones del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal o del CGPJ.
Los socialistas la han tachado de «reforma ideológica». La diputada Isabel Rodríguez ha afirmado que la crisis sirvió al Gobierno «para recortar derechos» y esta ley les es útil «para recortar libertades». Rodríguez se ha dirigido a Fernández Díaz para decirle que está a tiempo de retirar la ley si no quiere que su carrera acabe «como la de Gallardón».
