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El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) piensa que el próximo Gobierno de la comunidad autónoma sólo debe mantener las acciones penales en la causa del Racing si los servicios jurídicos de la administración regional lo consideran «obligado».
De no ser así, entiende que no hay razón para mantener una acusación que, a su juicio, «sólo ha tenido fundamentos políticos, fruto de una estrategia del Partido Popular para criminalizar al Ejecutivo PRC-PSOE».
El PRC se ha referido así, en un comunicado, a las acciones iniciadas durante el mandato del PP en relación a la compraventa del Racing y la gestión del Ejecutivo anterior en torno al club.
La magistrada instructora de esa causa, Paz Hidalgo, ha apreciado indicios de posibles delitos que atribuye, entre otros, al exconsejero de Cultura Javier López Marcano (PRC) y al exresponsable de Economía Ángel Agudo (PSOE).
El Partido Regionalista ha reafirmado hoy su «absoluto convencimiento» de que todas las decisiones del Gobierno en torno a la compra y venta del club de fútbol fueron adoptadas «con un respeto estricto de la legalidad vigente».
En consecuencia, y a falta de conocer la posición de los servicios jurídicos del Gobierno regional, considera que las acciones legales actualmente en marcha «no deben mantenerse».
El PRC ha subrayado que todos los pasos dados por el Gobierno no sólo se ajustaron a la ley, sino que «no tuvieron otro objetivo que evitar la desaparición de una institución del prestigio y la relevancia social y económica que siempre ha tenido el Racing para Cantabria».
Asimismo, ha recordado que con aquellas acciones el Ejecutivo PRC-PSOE «no hizo otra cosa que seguir la línea iniciada muchos años antes, bajo el mandato del Partido Popular, para apoyar al club con importantes ayudas económicas».
Además del Gobierno regional, que presentó la querella a través de la empresa pública Cantur, están personados en esta causa CEP Cantabria y Manos Limpias.