El Instructor propone el descenso del Hércules a Segunda B

El abogado del Hércules ha declarado que la propuesta del instructor da  por hecha la culpabilidad de los dos clubes en un posible caso de amaño y de apuestas  irregulares por internet sin tener en cuenta las alegaciones de ambas entidades, añadiendo  que «se están conculcando derechos básicos como el de defensa y la presunción de  inocencia».

El instructor sostiene que «no cabe duda de que Racing y Hércules se beneficiaron de las  conductas fraudulentas», conclusión que rechaza el letrado del club por impedirse el derecho de  defensa de ambos clubes.

Para el Hércules, cuyo accionista mayoritario es Enrique Ortiz (foto), la conclusión preliminar del Instructor se fundamenta en un dudoso  informe de la UEFA que no ha sido aún remitido al Hércules y cuyas fuentes son un presunto  experto en apuestas cibernéticas y los datos facilitados por la compañía «Betfair». En ese  informe se refleja una «actividad de apuestas altamente sospechosa» y se especula con  ganancias millonarias de varios apostantes si el resultado del partido hubiese sido de 3-1  al final y de 0-1 al descanso, pero el encuentro finalizó con 3-0 y la primera parte con  empate sin goles.

Por otro lado, la propuesta del Instructor mantiene como un hecho «revelador» de la  «predeterminación del resultado» del partido el silencio de los jugadores del Hércules  sobre las supuestas conductas fraudulentas que trascendieron del choque en El Sardinero.  El abogado del Hércules también descarta de plano la validez de este argumento al  considerar que se interpreta la discreción de la plantilla y sus dirigentes, que desde el  primer momento se refugiaron en ese silencio como estrategia jurídica, según Aparisi.

En su defensa, el Hércules considera que el instructor aplica indebidamente un criterio de  responsabilidad objetiva para el club en general, sin tener en cuenta la posible y  exclusiva responsabilidad individual de algún jugador en concreto, en el supuesto de que  la hubiera.

Además, Aparisi pone en seria duda la competencia del Comité de Disciplina Social de la  LFP –el órgano sancionador de la Liga– para proponer la medida cautelar del descenso a  Segunda B, toda vez que cualquier decisión disciplinaria que afecte a la competición  compete a la Federación Española.

En este caso se da la circunstancia añadida de que el caso ha entrado en la vía penal al  ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción y, según el Hércules, el instructor tenía  la obligación legal de inhibirse en favor del Ministerio Público.