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El Gobierno Vasco considera que es un «error» pretender sancionar a los clubes por la pitada al himno nacional durante la final de la Copa del Rey de Fútbol en el Camp Nou y afirma que está «fuera de lugar» llevar esta cuestión al Comité Antiviolencia.
El Gobierno Vasco, en una nota, se ha referido a la decisión del Ejecutivo central de convocar para mañana la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte para estudiar la pitada al himno y, en su caso, proponer las sanciones que fueran procedentes.
El Gobierno que preside Iñigo Urkullu, quien ayer estuvo presente en el Camp Nou durante el partido de la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Barcelona, ha dejado claro que su ejecutivo «es y será siempre partidario del respeto institucional en todos sus ámbitos y en todas sus manifestaciones y expresiones, también entre las propias instituciones».
Pero afirma que «llevar al Comité Antiviolencia la expresión de la pitada al himno español como posible causa de sanción al Athletic Club de Bilbao y al Barcelona está fuera de lugar».
«No tiene sentido, es más, es un error pretender sancionar a los clubes por una decisión de sus aficiones ya sea para expresar una opinión de crítica sobre la situación política o sea porque se ha instalado en gran parte de la sociedad un hábito que no es compatible con el respeto institucional en las manifestaciones públicas sociales», asegura.
El Ejecutivo vasco considera que los responsables de las instancias deportivas dependientes del Gobierno español y de la Liga de Fútbol Profesional «bien harían» en analizar las «provocaciones vertidas» por representantes institucionales, y no de las instituciones vascas ni catalanas, «desde que se supo qué clubes de fútbol disputarían el partido de la final de la Copa del Rey y dónde se podría disputar».
«No es el camino de la urgencia en la amenaza a los clubes el modo de abordar una cuestión socio-política que merece otras reflexiones y concienciación en los ámbitos político-institucionales y sociales», subraya el Gobierno de Urkullu.