Consejeros del Lugo esgrimen un dictamen que descalifica la oferta del empresario Tino Saqués

Consejeros del Lugo han presentado hoy un informe que indica que la empresa Frisaqués, la firma del empresario Tino Saqués que ha presentado la mejor oferta económica por las acciones del club que tienen la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de la ciudad gallega, no podría comprar los títulos de la sociedad anónima deportiva.

El consejero del Lugo Carlos Mouriz, que compareció en una conferencia de prensa, mostró el informe elaborado por el bufete de José Manuel Otero Lastres que señala que Frisaqués «no tiene como actividad comprometida en su objeto social según sus estatutos sociales la tenencia de acciones de una sociedad anónima deportiva».

Mouriz relató que «una vez que el letrado de otro concursante», el empresario luxemburgués Gerard López, «denunció que la sociedad adjudicataria no tenía en su objeto social la tenencia de acciones de una sociedad anónima deportiva, Frisaqués SL no puede ser considerada como un tercero de buena fe».

Además, el informe apunta que Frisaqués «actuó con culpa grave al concurrir a un concurso» público «sabiendo que su objeto social no incluía la tenencia de acciones» de ese tipo.

Por tanto, no puede «adquirir válidamente las 150.000 acciones» del club que han sacado a concurso la Diputación y el Ayuntamiento de Lugo.

Mouriz indicó también que la relación del consejo de administración con el empresario lucense Tino Saqués «no fue muy buena» y afirmó que «había desencuentros considerables en la manera de pensar» sobre cómo «gestionar el club».

Además, reveló que cuando el empresario adquirió 8 % de las acciones del club en el proceso de conversión en sociedad anónima deportiva fue el «único» inversor «que puso condiciones», entre ellas, explotar la grada supletoria que se levantó en uno de los fondos del estadio.

«Él tenía un interés, hizo una inversión por algo», aseguró Mouriz, quien afirmó también que en el primer partido de esa grada, ante la Ponferradina, el club tuvo que abonarle 41.322,31 euros al empresario para compensar la diferencia entre el precio que él había fijado por las entradas y el que habían pactado los clubes previamente.

Al concluir la pasada temporada, Saqués comunicó al club, según Mouriz, que «ante la manifiesta falta de rentabilidad de la explotación comercial contratada» desistía de mantener el contrato, algo a lo que tenía derecho.

Ese cambio de parecer dejó al club, aseguró el director general del Lugo, sin 200.000 euros que habían sido incluidos en los presupuestos

Mouriz cuestiona que la Diputación cumpliese el protocolo de venta del club

Carlos Mouriz, miembro del consejo de administración del Lugo, ha acusado a la Diputación provincial de no haber cumplido el protocolo de actuación en la venta de acciones del club que se había acordado cuando la institución pública y el Ayuntamiento lucense desembolsaron 1,5 millones de euros en títulos.

«Creo que se han hecho las cosas mal, que no se han hecho como se tenían que haber hecho, como estaba recogido y hablado desde el primer momento y eso nos ha traído estas cuestiones», indicó Mouriz en una larga rueda de prensa que superó la hora y media de exposición.

Eso sí, matizó que no piensa que «la Diputación y el Ayuntamiento» se la «hayan jugado» al club y recordó que cuando se inició el imprescindible proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva, el alcalde «llamó al Consejo Superior de Deportes» y desbloqueó la situación para que el Lugo pudiera «estar dentro».

Sin embargo, dejó claro que el proceso de enajenación de acciones que puso en marcha la Diputación para deshacerse de los títulos que ella y el Ayuntamiento poseían del Lugo, el 49% del capital social del club, deberíaberse hecho por venta directa y no por concurso.

«Lo que correspondía era la venta directa y las instituciones estaban capacitadas para hacerlo. El acuerdo y el sentir de lo que era el acuerdo y lo que se había pactado era ese. Si tú no te quedas con ellas en propiedad para
deshacerte de ellas, si marcas un plazo y encima tienes unas garantías que estás cobrando, lo que procede es la venta directa», dijo.

En este sentido recordó que en su día se firmó un protocolo con la Diputación y el Ayuntamiento en el que se establecía el «compromiso a buscar activamente inversores» para adquirir las acciones de las instituciones y, a cambio, el club renunció a su derecho a recibir subvenciones durante tres ejercicios presupuestarios salvo que en ese periodo apareciera un inversor.

«Cuando encuentras un comprador que piensas que reúne las garantías suficientes, procede una venta directa», reiteró Mouriz, quien afirmó que el proceso de venta comenzó cuando llegó la propuesta del empresario luxemburgués Gerard López.

La suya fue la única que se presentó en la primera fase del concurso, pero él ofrecía un pago a plazos que no estaba recogido en las bases.

«Él (Gerard) manda un correo a la Diputación notificando esa situación y esperando una respuesta que a día de hoy no ha sido dada. A lo mejor pecamos de inexperiencia», indicó Mouriz, quien agregó que esperaban que el pago aplazado fuese aceptado.

Sin embargo, la Diputación emitió una resolución por la que cambió las bases del concurso al no estar recogida en ellas la posibilidad de que las acciones fueran abonadas en varios plazos.

Se abrió entonces un nuevo plazo en el que Gerard mantuvo su oferta y el empresario lucense Tino Saqués presentó otra económicamente superior.

El 11 de febrero, la Diputación emitió un comunicado en el que sostenía que había convocado un único concurso, no dos como se había afirmado, lo que llevó a Mouriz a sacar una conclusión: «Si se convocó un único concurso y hay alguna cuestión que cambiar, entiendo que esas personas que han acudido al concurso son las que se tienen que acoger a las variaciones».

«Si hay un cambio en las bases para el pago aplazado, no acabo de entender como a mitad de camino se pueden introducir nuevas propuestas», declaró en referencia a la de Saqués.

Mouriz también criticó la regla de tres que se utilizó, ya que si se hubiera aplicado sobre el total de la oferta (1,60 millones a 1,503) en vez de sobre la mayor diferencia al alza sobre el precio de licitación (10,62 a 10,02 euros),
la distancia entre una y otra oferta se reduciría a solo tres puntos y el futuro del club dependería de los 30 puntos del proyecto deportivo.

«Preguntamos cómo se interpretaba esa regla de tres y la respuesta, de palabra, craso error, porque tenía que haber sido por escrito, no es la que se aplicó», aseguró.