Accionistas del Valencia solicitan la suspensión cautelar del aval de Bankia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Valencia ha emplazado a Bankia a contestar la demanda formulada contra el IVF por los accionistas del Valencia, por la que impugnan los avales dados a la Fundación del Valencia CF en base a que infringen la normativa de la Comunidad Europea en materia de Ayudas Públicas, según ha informado en un comunicado la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc).

En la citada demanda se ha solicitado, como medida cautelar, la suspensión judicial de la eficacia del aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la Fundación.

Bankia dispone de diez días hábiles para oponerse a la medida cautelar.

Tras conocer la admisión a trámite de su demanda de suspensión cautelar, la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) anunció que las medidas adoptadas se dirigen a evitar que la Generalitat Valenciana tenga que desembolsar más de 85 millones de euros de los fondos públicos que se comprometieron por el IVF al prestar el aval en 2009 y de los que ya se han pagado 4.800.000 euros a Bankia el pasado mes de febrero.

Ausbanc recordó lo que ya había advertido 24 horas antes al propio IVF a través de un comunicado: que hasta que la juez decida si bloquea de forma provisional el aval, el organismo dependiente de la Generalitat debe actuar como si así fuera, negándose a desembolsar un solo euro en caso de que Bankia quisiera ejecutar la garantía. Considera que la mera petición de este tipo de actuaciones preventivas impone el bloqueo de cualquier acto administrativo.

El objetivo, «evitar que la Generalitat Valenciana desembolse más de 85 millones de euros del erario publico que se comprometieron por el IVF al prestar el aval en 2009 y de los que ya se han pagado 4.800.000 a Bankia el pasado mes de febrero, de los que incomprensiblemente la Fundación no ha reembolsado hasta la fecha ni un euro, eligiendo incluso en el mes de septiembre abonar antes a Bankia parte del vencimiento del 27 de agosto que aquello que debía al IVF desde el mes de febrero de 2013».

Asimismo, los impulsores de la demanda recuerdan que ese «comportamiento anómalo» y «la inacción del IVF» podrían incluso ser tipificables como malversación de caudales públicos y prevaricación, toda vez que, según ellos, la única obligación del IVF era entregar a Bankia la cantidad de acciones equivalente a 4,8 millones.

Efectos colaterales

Desde otro ángulo, la suspensión cautelar del aval supondría otro golpe duro en la línea de flotación de Bankia, que podría perder la única garantía de pago de la ingente deuda que contrajo la Fundación del Valencia CF.

Por su parte, la entidad valencianista se vería de golpe -materialmente- liberada, dada su manifiesta insolvencia, al tiempo que se vería involucrada -gajes del oficio- en un largo y sinuoso litigio judicial instado por Bankia.

Mientras tanto, la SAD Valencia club de Fútbol, tan feliz con la contratación de nuevos jugadores y entrenadores, como si oyera llover.

En este contexto, las probabilidades de que Bankia acepte refinanciar la deuda han descendido en un 90%, lo que conduciría al escenario menos deseado por el valencianismo profundo: la venta del paquete accionarial de la Fundación a inversores foráneros, con tres efectos inmediatos: liquidar la deuda bancaria, concluir las obras del Nuevo Mestalla y controlar los destinos del club, en demérito de sus antiguos y sufridos socios.