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El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha defendido hoy que la sentencia que revoca el indulto que le concedió el Gobierno hace dos años responde a un «mero trámite procesal» y ha subrayado que él ya ha «cumplido» con lo que se le exigía a cambio de esa medida de gracia.
El Tribunal Supremo ha revocado hoy el indulto concedido a Ramírez por un defecto de forma y ha ordenado que el expediente se retome y se pida informe a la Audiencia de Las Palmas.
El empresario grancanario, presidente del grupo Ralons, había sido condenado a tres años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, por una serie de obras ilegales que hizo en 2004 en su vivienda, dentro de un espacio protegido.
En 2013, el Consejo de Ministros le concedió un indulto parcial que le evitó ingresar en prisión, al reducir su condena de tres a dos años, a condición de que derribase las obras ilegales, tal como le mandaba haber la sentencia de la Audiencia de Las Palmas.
«Yo ya he cumplido con lo que la ley me obligaba a cumplir. Tiré la pajarera y la pérgola y pagué mi multa», ha señalado el presidente de Las Palmas a la emisora oficial del club, UD Radio.
Miguel Ángel Ramírez ha reconocido que este fallo «paraliza todo», pero ha insistido en que el problema reside en «un trámite procesal», como explica la propia sentencia, que considera que el informe sobre el indulto lo debió emitir la Audiencia de Las Palmas y no el juzgado de lo Penal que lo condenó en primera instancia.
Sin embargo, ha recalcado que a él lo condenaron «por hacer una pajareja y una pérgola», no por otras obras de mayor importancia. «Por eso me querían meter tres años de cárcel», ha añadido.
Ramírez confía en que el problema procesal se reconduzca y que las cosas se dejen «como están» y le permitan «disfrutar de la Primera División»
Obras legalizables
El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, defiende que las obras que motivaron su condena por un delito urbanístico eran «legalizables» y que el «defecto procesal» que ha llevado hoy al Tribunal Supremo a invalidar su indulto es «completamente ajeno» a su persona.
Recuerda que con posterioridad a esa sentencia penal del Audiencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se pronunció sobre esas mismas obras en unos términos favorables a su defensa.
En concreto, Ramírez alega que, según el TSJC, los dos instrumentos urbanísticos en los que se basaba la sentencia penal para declararlo autor de un delito contra la ordenación del territorio (el plan de urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria y el plan insular de ordenación) no estaban vigentes cuando él construyó la pajarera y la pérgola declaradas ilegales. Y de ello concluye que ambas obras «eran legalizables».
Ramírez confía en que esa resolución del TSJC y el hecho de que ha cumplido con lo ordenado en la sentencia de la Audiencia de Las Palmas sirvan «para subsanar cualquier defecto procesal» en el indulto, que es «completamente ajeno» a su persona.
