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El Ministerio Fiscal ha recurrido el auto de final de la instrucción por la compraventa de acciones del Racing de Santander para pedir que se incluya en esta misma causa la investigación del destino dado a las subvenciones concedidas por la Consejería de Cultura del Gobierno al club.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, en esta causa penal abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria no sólo la Fiscalía ha presentado recurso de reforma -que resolverá la propia magistrada instructora-, una vez finalizado el plazo.
También han formalizado el recurso de reforma las defensas de los imputados: los exconsejeros de Cultura y Deporte Javier López Marcano (PRC), y de Economía y Hacienda Ángel Agudo (PSOE), el empresario Jacobo Montalvo y el abogado Emiliano Garayar -asesor del anterior Ejecutivo-.
En el auto en el que se puso fin a la instrucción, y que se conoció hace una semana, la magistrada que lleva la causa, Paz Hidalgo, apreciaba indicios de delitos de malversación y fraude a ente público.
En concreto, la magistrada entiende que los hechos podrían constituir un posible delito continuado de malversación de fondos públicos y otro continuado de fraude a ente público, los cuales atribuye indiciariamente a quienes eran responsables de las empresas públicas CEP Cantabria y Cantur.
Por eso se imputa a quienes eran consejeros de Cultura y Deporte y Economía y Hacienda, y al responsable de CEP Cantabria en esa época. Además, la juez considera que Jacobo Montalvo, administrador de la empresa Dumviro -que vendió las acciones del Racing a WGA Sports- y Emiliano Garayar podrían haber sido cooperadores necesarios.
Estos dos delitos de malversación y fraude a ente público deben ser conocidos por un Tribunal del Jurado, y las defensas y el Ministerio Fiscal han presentado esos recursos de reforma.
En el caso de que sean rechazados por la magistrada instructora, las partes todavía pueden presentar un recurso de apelación, que resolvería ya el tribunal de la Sala de lo Civil y Penal, a la que competen las causas con aforado -en este caso, Javier López Marcano en su condición de diputado-.
En el auto de final de la instrucción la juez acordó que se remitieran copias de las actuaciones a la Sala de lo Penal del TSJC, para que estudie la aplicación de subvenciones otorgadas por el Gobierno regional al Racing de Santander «a fines distintos» de los objetivos de la norma de concesión y el reconocimiento y pago.
En ese auto la magistrada explicaba que con la apertura de estas diligencias por la compraventa de acciones del Racing se tuvo noticia de la aplicación de las ayudas a esos fines que podrían no ser los recogidos en la normativa de concesión.
El Ministerio Fiscal, que entendía que podría deducirse una responsabilidad penal, solicitó la declaración judicial de los directores generales de Deporte del Gobierno en calidad de imputados.
Pero la magistrada concluyó que no se podían acordar esas diligencias que requería la Fiscalía -y tampoco otras peticiones que hizo la defensa de López Marcano al respecto-.
Aunque la juez entiende que los hechos relacionados con las subvenciones podrían ser constitutivos de delito de prevaricación , malversación y fraude, en el auto de final de instrucción acordó deducir testimonio a la Sala de lo Penal del TSJC.
La magistrada instructora lo decidió así al entender que ella no debía pronunciarse sobre este asunto en estas diligencias sobre la compraventa de las acciones, sino que corresponde a la Sala de lo Penal del TSJC determinar la competencia y la admisión a conocimiento o no de estas cuestiones.
La Fiscalía en su recurso rebate esta decisión, para pedir que esa investigación se incluya en la causa que ya está abierta y que instruye Hidalgo.
Toda esta causa por la compraventa de acciones del Racing se inició en enero de 2014 a raíz de una querella que interpuso Cantur por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude a ente público -que son de los que aprecia indicios la magistrada- y también delito societario por administración fraudulenta.
