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Las conclusiones de la fiscal y de los abogados de la defensa pondrán fin mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al juicio oral al exalcalde de Las Rozas y diputado Bonifacio de Santiago, dos ediles y cinco exconcejales por no ejecutar una sentencia de 2007 sobre la Ciudad del Fútbol.
El TSJM admitió a trámite en mayo de 2014 una querella de la Fiscalía por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por las reiteradas decisiones que se adoptaron en las juntas locales para no ejecutar la resolución de 2004 y otras posteriores que ordenaban la devolución de los citados terrenos.
La apertura de la vista oral se produjo después de que la magistrada Susana Polo, miembro de la Sala Civil y Penal del TSJM, concluyese el pasado mes de diciembre la instrucción de la querella que la Fiscalía presentó en marzo de 2014 contra la Junta Municipal de Las Rozas por no ejecutar el fallo.
En la apertura del juicio oral declararon ante el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, por un presunto delito de desobediencia y prevaricación administrativa De Santiago y dos ediles y cinco exconcejales de la localidad madrileña de Las Rozas.
En el día de hoy, han prestado declaración en calidad de testigos el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y su secretario general, Jorge Pérez, así como el secretario del Ayuntamiento de Las Rozas en la fecha en la que se produjeron los hechos que se juzgan, Jose Manuel Barroso, y el interventor Fernando Álvarez.
Asimismo, han testificado los técnicos municipales de Unidad de Patrimonio, Esther Herranz, y de contratación, Felipe Jiménez, y el asesor externo del Consistorio, Julio Castelao, y el de Villar, José Bermejo Vera.
La Fiscalía acusa al exalcalde de prevaricación y desobediencia y pide para él una multa y diez años de inhabilitación; mientras que para Francisco Javier Espadas López Terradas, José Luis Álvarez de Francisco, Gemma Matamoros Martínez, Juan José Ruiz Fernández y Antonio Garde Fernández Fontecha pide nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
Por su parte, el ministerio público solicita la pena de siete años de inhabilitación para el exdiputado Pedro Núñez Morgades, que también formaba parte de la corporación, por prevaricación administrativa.
