Ahora que el tema de la seguridad vuelve a estar encima de la mesa, tras los graves incidentes del pasado 30 de noviembre en Madrid, conviene recordar que fue precisamente el Gobierno el primero que recortó la dotación destinada a la seguridad en los estadios y los alrededores. Fue en el año 2010 y bajo la amenaza de huelga en todas las competiciones de la Asociación de Futbolistas Profesionales por la deuda contraída por los clubes con los futbolistas, tanto profesionales como amateur.
Finalmente el 13 de abril del 2010, y después de una reunión maratoniana, el entonces secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, anunciaba el acuerdo alcanzado con el sindicato de futbolistas. Acuerdo que pasaba por modificar el Real Decreto de la Quinielas vigente desde 1998.
Y este cambio supuso precisamente una modificación del tramo del 10% del porcentaje de las quinielas que hasta entonces la LFP destinaba para las medidas de seguridad. Originariamente hablando, y especialmente desde el Real Decreto de 1998, este porcentaje del 10% de la recaudación de las apuestas del Estado se repartía en tres tramos: un 30% se destinaba al Plan de Saneamiento de los clubes, otro 30% para la mejora de las instalaciones deportivas y prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, y el 30% sobrante para repartir entre todos los clubes de la Liga de Fútbol Profesional.
Sin embargo, este reparto quedó trastocado tras esta amenaza de huelga en el futbol español y que obligó a un nuevo texto del Real Decreto de las quinielas publicado en el BOE a fecha de 21 de mayo del 2010 donde quedaba muy claro este cambio.
Textualmente recoge que «las inversiones realizadas en materia de seguridad en los estadios y recintos deportivos de clubes de futbol profesional han dotado a las instalaciones de los elementos de seguridad previstos en las normas de seguridad…Por tanto, sin renunciar al objetivo de garantizar las inversiones necesarias y adecuadas en materia de seguridad..parece conveniente flexibilizar el criterio que contempla destinar obligatoriamente un mínimo del 30 por ciento del porcentaje de recaudación destinado a la Liga Nacional de Futbol Profesional».
De hecho, decidió entonces quedar condicionadas estas inversiones a la supervisión de la Comisión de Seguimiento de la Participación de las Quinielas, órgano compuesto por el CSD, LFP y representantes de Loterías y Apuestas del Estado, Ministerios de Interior, Trabajo e Inmigración.
Dicho de otro modo, desde mayo del 2010, parte de este 30% destinado a las reformas, seguridad de los estadios y alrededores se emplea en el cumplimiento, como bien expone el propio real decreto, del «convenio colectivo del futbol profesional».
Como queda expuesto más extensamente en el punto b de dicha modificación, una parte del segundo tramo se destina a la «construcción, ampliación, remodelación, mejora de los estadios… a fin de cumplir las previsiones establecidas en cada momento en materia de seguridad y prevención de la violencia en los espectáculos deportivos». La cantidad anual la fija dicha Comisión. Y la otra parte del mismo tramo será para el «pago de las deudas salariales que mantengan las entidades de la LFP con sus jugadores».
Y este tema no ha sufrido cambio alguno. Ahora que la seguridad y la violencia vuelven a estar sobre la mesa, igual es el momento para revisar este Real Decreto. Más, considerando la notable reducción que ha experimentado estos últimos años los ingresos procedente de la Quiniela.
VER REAL DECRETO 566/2010 EN EL BOE
