Después de la larga jornada de ayer, y eso que sólo intervino el actual presidente del Club azulgrana, la de hoy prometía superarla. Dos eran los protagonistas, el dimitido presidente Rosell y el vicepresidente económico Javier Faus. Prueba superada. Cinco horas, con breve descanso.
La sesión se vuelve a iniciar con quejas de los demandados por el retraso en la aportación de documentales por parte del FCB. En especial el detalle de cuentas de los jugadores cuyo valor contable fue depreciado en el año 2003 en los famosos 8 días que mediaron entre la toma de posesión de la primera junta de Joan Laporta y el 1 de julio del citado año.
Con la experiencia del día anterior en el que el interrogado Josep Maria Bartomeu tomaba nota mental de la preguntas para pasárselas al señor Faus, manifestación que debe interpretarse bienintencionada, los demandados han pedido a su Señoría que se evitara la comunicación entre los testigos o que el segundo en intervenir, que sería el vicepresidente, pudiera conocer por qué derroteros iban las preguntas u oír la declaración del expresidente, máxime cuando, además, había una sala habilitada para la prensa siguiendo el devenir de la sesión. Total, Javier Faus sin móvil y aislado en una habitación para testigos durante dos horas y media.
Las preguntas de los abogados de los demandados se circunscriben casi exclusivamente a las cuentas reformuladas por la junta del señor Rosell de las cuentas formuladas por el señor Laporta correspondientes al ejercicio 2009/2010. Y más concretamente, a las salvedades e incertidumbres que los auditores del Club emitieron en su informe de las cuentas del señor Laporta, salvedades e incertidumbres que fueron acogidas por la junta Rosell y que dieron lugar a las cuentas reformuladas con un informe de auditoría sin salvedades, cuentas que fueron aprobadas en la misma asamblea que instó a la junta a accionar contra la junta Laporta.
Por ello, enunciaré los diferentes puntos sobre los que han versado las preguntas y las respuestas de los señores Rosell y Faus y una breve valoración sobre su testimonio.
Ambos coinciden en que el día que se produjo la junta directiva de traspaso recibieron unas cuentas cerradas a 30 de junio de 2010 sin estar auditadas.
También coinciden en que la situación del FCB en aquella fecha era de quiebra técnica o absolutamente desastrosa. Peor que en 2003, según Rosell.
Tema Sogecable. Incertidumbre. El FCB había dejado de pagar a Sogecable en el año 2005. A pesar que estaban apurando sus últimos días como directivos cuando se produjo el primer impago, ambos manifiestan no saber nada del tema, que nunca fue tratado en junta y que, con posterioridad, conocieron que había sido decisión del entonces vicepresidente Ferran Soriano. El tema se estaba ventilando en sede judicial con una primera sentencia en primera instancia condenando al Barça al pago de 37,9 millones, que fue recurrida y conociéndose la nueva sentencia en septiembre, igualmente desfavorable a los intereses de la entidad.
En el informe de auditoría de las cuentas del señor Laporta se emitía una salvedad por la que se deberían provisionar 37.9 millones aun cuando todavía no había sentencia firme y habían manifestado en la Asamblea, octubre 2010, que recurrirían al Supremo, provisionaron. Como con Sogecable y otras entidades vinculadas en aquel momento o con posterioridad existían demandas a contrario, la junta Rosell llegó a un acuerdo transaccional, los 37,9 millones, seguro que se pagan, pero se les condonan los intereses, 4,1 millones y las costas y gastos, 3,5 millones.
Reconocen, no obstante, que de la negociación transaccional global con Sogecable y vinculadas también percibieron 12,7 millones de una deuda que tenía Audiovisual Sport con el FCB. Rosell no aporta ni aclara nada y remite al vicepresidente. Éste no sabe cuantificar el importe que transaccionan y que reclamaban a Sogecable ni, por tanto, lo que ingresan de éstos. Sí, así. Saben lo que pagan, pero no lo que tenían que cobrar.
Tema Mediapro. La junta Laporta finalizó un nuevo contrato con ellos poco antes de acabar su mandato. Como Mediapro estaba en concurso de acreedores, el FCB presidido por Rosell provisionó el 25% del importe comprometido por la concursada. Los demandados sólo alegan que no cabía esa provisión ya que Mediapro cumplía con sus pagos aun estando en concurso.
Tema terrenos Sant Joan Despí. Terrenos colindantes o próximos a la actual La Masia. Los terrenos, junto con otros, son objeto de una reparcelación que todavía no había concluido en 2010. Son vendidos mediante contrato privado por la junta Laporta a la entidad MCM, que tiene concedidos los derechos de explotación de la fachada de La Masia. Se pacta el precio de 14.6 millones. El IVA de la operación es abonado en el momento de la firma del contrato y, del importe de la compra, se libran pagarés. MCM cumple en el vencimiento de todos los pagarés hasta la resolución.
Según Rosell, tenía que resolverse la operación porque el FCB no debe vender patrimonio y se dudaba que MCM fuera solvente, aunque sabe que atendió a todos los pagos. Faus no duda de la solvencia de MCM, pero asevera que el FCB no debe perder patrimonio. Reconoce que con la resolución dejan de obtener una plusvalía contable. Desvinculan la resolución con la modificación del contrato de explotación de la fachada de La Masia que se produjo en paralelo. El primer contrato fue firmado por Joan Laporta, la modificación, por Sandro Rosell.
Unos de los puntos modificados: en el primer contrato, el FCB facturaba a los que se publicitaran en la fachada y daba el 50% a MCM. En el de Rosell, es al revés. Facturaría MCM y ésta le daría el 50% al FCB. Según Rosell ello es debido a que el Barça no se dedica a comercializar sino que es un club deportivo. Fuera del juicio: MCM ha presentado demanda contra el FCB por incumplimiento del contrato. Importe de la reclamación: 100 millones. El señor Faus ha reconocido que no han provisionado nada en el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2014. También manifiestan que hay varios informes de la Comisión Económica del club en reuniones durante el mandato Laporta, que desaconsejaban esa operación.
Terrenos Viladecans. Fueron adquiridos en la época Laporta para ubicar l’Espai Barça, un centro lúdico-deportivo para disfrute de los socios (un sitio para que los socios se lo pasaran bien, según el dimitido presidente). Coste, 18,5 millones. Ni tan siquiera se plantearon llevar el proyecto adelante ya que era imposible por ser el terreno no urbanizable. Pidieron una valoración, los interrogados no se ponen de acuerdo en la fecha, que los valoraba por un importe muy inferior al contabilizado por la compra.
Siguiendo a los auditores, provisionaron. Según Rosell, un informe de la Generalitat señalaba la imposibilidad del proyecto porque “había unas ranas o mosquitos” que proteger. Como el Club estaba tan mal económicamente, quisieron venderlo pero no encontraron comprador. Sólo un agricultor lo quería para “plantar alcachofas.” Ambos se manifiestan desconocedores del informe de la Generalitat, el de las ranas o mosquitos, que, según un abogado de los demandantes, sólo señalaba unas cuestiones medioambientales que deberían ser subsanadas para aprobar el proyecto.
Henry. El FCB y el Red Bull llegaron a un acuerdo de traspaso del jugador a cero euros condicionado a que el jugador conviniera su salario con el club de destino. El acuerdo es de mayo de 2010. Como todavía estaba pendiente de amortizar 6,9 millones, se producía una pérdida por este importe. El jugador llega al acuerdo con Red Bull en julio 2010, ya con Rosell de presidente. Los auditores informan que la operación, y su pérdida, debe contabilizarse en el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2010. La junta Rosell provisiona 8,2 millones.
Ni Rosell ni Faus saben el motivo de la diferencia entre lo manifestado por los auditores y lo realmente provisionado. El Juez pregunta si alguien del Club va a saber explicar esta diferencia entre auditoría y cuentas reformuladas. Estas diferencias también se detectan en la provisión correspondiente a los supuestos derechos contra el exjugador Baena.
Hasta aquí los aspectos que creo de interés. No he entrado sobre las múltiples y reiteradas preguntas por parte de los letrados de los demandados sobre la diferencia entre salvedades e incertidumbres, aquí Faus ha estado en su salsa, y otras que, a mí parecer, no son relevantes.
Valoración.
Rosell ha demostrado que no sólo no se leía la letra pequeña de los contratos, reconocido por él, sino que de los temas de magnitud sólo se quedaba con los detalles, sin recordar o desconocer cuestiones sobre los problemas con Sogecable ni de la explotación de la fachada de La Masia, ni cuestiones económicas. Lo máximo remitía al testimonio del vicepresidente.
Eso sí, en el tema deportivo se mueve bien. Con orgullo ha dicho que el informe que hizo en junio 2003 sobre el valor de mercado de algunos jugadores de la plantilla que encontraron, que significó una provisión de 63,7 millones, lo cuadró. Sólo se equivocó de uno, Riquelme, del que se sacó algún pingue beneficio. Sorprendente que dijera que el informe lo solicitó Ferran Soriano, pero que no sabía el objetivo, aunque ha admitido que estuvo a favor de la provisión y que pensaba que la pérdida se imputaba a la etapa del señor Gaspart.
El juez ha cortado, por impertinente, la pregunta orientada a saber la opinión del señor Rosell sobre el hecho que esa provisión ayude a obtener el balance económico negativo, presunto, de la etapa Laporta. Se juzgan cuestiones jurídicas, no morales, ha sentenciado su Señoría.
Faus ha estado brillante en la primera parte de la intervención.
Seguro, conocedor al dedillo de normas contables, pero cuando se ha entrado en las dotaciones y desdotaciones de provisiones del tema Sogecable y vinculadas, ha entrado en dudas y desconocimiento.
Mañana sólo tendremos la comparecencia del exdirector general con Laporta, Joan Oliver.
