La Generalitat valenciana teme ahora que le salpique el asunto de las «ayudas de Estado»

Frente a lo que sostenía la Administración del PP en la Generalitat valenciana, el actual gobierno socialista se teme lo peor ante una próxima resolución de los expedientes abiertos por la Comisión Europea por las presuntas ayudas públicas encubiertas (Ayudas de Estado) a determinados clubes españoles.

Un informe del gobierno anterior dejaba sentado que en ningún caso se sentía responsable de una posible sanción por las presuntas ayudas encubiertas al fútbol. Es más, en el caso de que el dictamen de la Comisión Europea saliera negativo, el anterior Consell eludía cualquier responsabilidad y descargaba n los clubes una eventual multa.

Según publica el diario Las Provincias, la exresponsable del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Mariona Roger, especificaba que el Consell que entonces presidía Alberto Fabra no preveía pagar absolutamente nada aunque el dictamen que llegara desde Bruselas fuera en contra de sus intereses: «Sin que quepa esperar ningún perjuicio patrimonial para el Instituto Valenciano de Finanzas, incluso en el supuesto de una decisión negativa (de la comisión de la Competencia) con relación a la compatibilidad de los avales investigados con el marco comunitario de ayudas estatales».

Pues bien, parece que ahora no se mira el asunto igual, tras el cambio de gobierno en la Generalitat el pasado mes de mayo. El Ejecutivo que ahora preside el socialista Ximo Puig tiene verdaderos temores acerca de la afectación que una sanción europea en este asunto pueda tener sobre las arcas de la Comunidad valenciana.

La preocupación se ha instalado en la nueva Generalitat ante las filtraciones de inminentes sanciones a propuesta de la comisaria de la competencia de la Unión Europea, la danesa del Partido Social Liberal Margrethe Vestager.

LOS EXPEDIENTES QUE ESTÁN A PUNTO DE CONCLUIR

Nos referimos a los casos del Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche, aunque en diciembre de 2013 la financiación de la construcción del nuevo estadio San Mamés quedó excluida del expediente, siendo entonces Joaquín Almunia (bilbaíno y seguidor del club) vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia.

En definitiva, se trata de dilucidar si esos avales sobre préstamos utilizados para financiar a los clubes profesionales cumplieron las normas sobre ayudas estatales de la UE.

Acusación formal de la UE

En marzo de 2014, la Comisión Europea presentó acusación formal contra los clubes investigados.

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 7 de marzo de 2014 el texto de la acusación formal contra siete clubes españoles que venían siendo investigados: Real Madrid y Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna por la conversión a SAD, Valencia, Elche y Hércules por presuntas ayudas públicas encubiertas que vulnerarían la normativa comunitaria sobre la competencia.

La Comisión abrió entonces un plazo de alegaciones de un mes, y advertía que «toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario».

Infracciones distintas

No se trata de infracciones idénticas en todos los casos, pero la Comisión Europea considera que existen indicios claros de que estos clubes han recibido ayudas de Estado que distorsionan la competencia.

Así, el Real Madrid, Athletic de Bilbao, Osasuna y Barcelona habrían incumplido la legislación comunitaria por no convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas, ya que Bruselas entiende que al tener un régimen asociativo se benefician de una fiscalidad especial.

Además, el Real Madrid también es acusado de realizar dos operaciones urbanísticas, la recalificación de los terrenos de la ciudad deportiva del Madrid en Valdebebas. La operación de construcción del nuevo estadio de San Mamés ha quedado fuera del expediente.

En los casos de los tres clubes valencianos, Valencia, Elche y Hércules, el expediente sancionador se refiere a los avales que dio la Comunidad Valenciana. Estos clubes fueron avalados por la administración autonómica cuando solicitaron préstamos por un importe total superior a los 100 millones de euros. Al incurrir en impago, la Generalitat ha tenido que hacerse cargo de la deuda con las entidades bancarias, especialmente con Bankia, lo que en la práctica supone una ayuda pública, lo que les dejan en una situación de ventaja frente a otros competidores.

En Valencia han provisionado 5 millones

Por lo que respecta al Valencia, el caso más sonado por el volumen del aval (en torno a los 70 millones de euros), en la Fundación valencianista han pleiteado, lógicamente, para que no recaiga sanción, pero sus previsiones son que la multa nunca exceda de 5 millones, justo el importe que han provisionado para este fin.

El principal argumento que esgrimen los valencianistas es que no se ha producido un beneficio real para la Fundación ni para el club, por cuanto que este tuvo que ser vendido precisamente por no poder pagar el crédito, finalmente saldado con esa operación.

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