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El presidente del CSD, Miguel Cardenal firmó hace escasos días, según La Voz de Galicia, una resolución por la que acuerda «el inicio de un procedimiento de reintegro parcial de la subvención nominativa, concedida en el ejercicio 2011 a la federación Española de Fútbol».
En su día informamos en IUSPORT del principal factor de las desavenencias entre Miguel Cardenal y Ángel maría Villar: las auditorías sobre determinadas subvenciones concedidas por el CSD a la RFEF.
Este expediente se ha abierto, según el medio citado, por la deficiente justificación de los gastos correspondiente en la construcción de campos. Si el expediente abierto concluye tal cual, se ordenaría a la RFEF un reintegro de 1.442.437,29 euros.
Entre los motivos del expediente estarían unas obras en Lorca, de las que que no se han justificado de forma correcta 40.000 euros, «bien por falta de acreditación o acreditación insuficiente del pago de las facturas.
En otra obra en Quintanar del Rey, «no se aporta justificación del cumplimiento de la obligación de solicitar tres ofertas. No se aporta acta de recepción de las obras realizadas». En este caso, el importe no justificado asciende a 70.000 euros.
El número de obras en las que no se han acreditado los gastos de forma correcta, según el CSD, ronda los cuarenta.
En febrero pasado, dábamos cuenta en IUSPORT de un comunicado emitido por la RFEF sobre estos expedientes. La Federación Española de Fútbol (RFEF) reiteró entonces que «siempre ha cumplido con la Ley del Deporte»; que el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, «no dice la verdad», porque «sus cuentas han sido debidamente revisadas por los auditores» del CSD, y se preguntó «¿dónde está el ministro de Educación, Cultura y Deporte?».
Tras afirmar «que el dinero público recibido tiene destino finalista» y que obran en su poder «todas las certificaciones de uso», el organismo que preside Ángel María Villar aclara que el CSD comunicó posteriormente que sus auditores «iban a realizar una revisión limitada sobre algunas cuestiones», que «no tienen relación alguna con el dinero público recibido».
Pese a considerar «esta petición innecesaria y de todo punto improcedente y abusiva», la RFEF entiende que los auditores «han dispuesto, y disponen, de toda la documentación que requirieron, sin que manifestaran en ningún caso carencia alguna de los registros contables, contratos, acuerdos y documentación e información que fueron solicitados».
La RFEF llegaba a afirmar que el secretario de Estado «incurre en un abuso de poder», que «ha utilizado y utiliza de forma torticera los datos de la auditoría de cuentas».
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