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No son pocos los expedientes que ha abierto el TAD a Escañuela. Ya ha resuelto dos, el primero que acabó en dos años de inhabilitación, y el segundo, de hace escasos días, en el que ha recaído sanción de otros siete meses de suspensión.
El propio presidente del TAD, aunque está convencido de su plena objetividad, para no perjudicar al tribunal, ha decidido abstenerse en los asuntos que conciernen a Escañuela y ni siquiera asistió a la reunión en la que se le impuso siete meses adicionales de suspensión al dirigente de tenis hace escasos días. El texto íntegro de esta resolución puede verse aquí.
Pero ahí no queda el asunto. Al menos hay otros cuatro expedientes más en el TAD, uno de ellos de suma gravedad. Se le imputa a Escañuela el haber manipulado las elecciones a la Federación Española de Tenis.
Se le acusa, entre otros cargos, de utilizar de forma indebida y sin su permiso en cuatro documentos la firma digitalizada del que le ha sustituido en el puesto, Fernando Fernández-Ladreda.
Se ha sabido que cuatro empleados de la RFET, tres en activo y uno ya jubilado, y entre ellos el actual informático de este organismo, Oscar Estella, denunciaron ante el CSD que el proceso electoral en el que Escañuela logró la reelección en 2013 se produjeron actos para manipular el censo electoral y falsificar la base de datos.
Según esta denuncia, los votos por correo que debían ser dirigidos a un apartado de correos eran divididos en afines y no afines a Escañuela, y estos últimos destruidos para que éste ganara. También hubo manipulación de ficheros de licencias con el resultado de manipulación electoral.
La denuncia del informático de la RFET «es clave», según el CSD, para que esta manipulación se tramitase al TAD. Estella hace público en una carta que se sintió «obligado a hacer trampas». El CSD estima incluso que estas manipulaciones pueden tener «relevancia penal».
Ya se han practicado pruebas al respecto, con abundantes testimonios, y la propuesta de resolución será llevada próximamente a debate y deliberación en el seno del tribunal.
La pruebas inculpatorias
Fernández-Ladreda, que ha ocupado la presidencia de la RFET tras la suspensión de Escañuela el pasado 30 de junio, y que fue vicepresidente económico anteriormente, se presentó voluntariamente en la sede del CSD para denunciar que en cuatro documentos de la RFET figura su firma digitalizada y que ésta ha sido «utilizada indebidamente» por la Federación. Fernández-Ladreda no descarta por ello tomar acciones legales por este asunto.
Por otra parte, en la inspección que dos funcionarios del CSD realizaron en la sede de la Federación en Barcelona el pasado 24 de junio, el CSD no pudo revisar el libro mayor de actas, ni encontrar recibos que justificasen los 700.000 euros que el CSD había destinado a la Fundación del Tenis Español y al Observatorio del Tenis, con sede en Sevilla, donde el CSD sospecha que se encuentra toda la documentación.
«Hay una Federación doble, la de Barcelona y otra en Sevilla. No tenemos esos datos, sin embargo la información detallada que publicó (el diario) ‘La Voz de Galicia’ sobre esas cantidades tienen visos de ser realidad, y de ser así sólo el diez por ciento de esa cantidad quedaría probado», señaló Fernando Puig.
El CSD no obstante confía en que Fernando Fernández-Ladreda, que estuvo a punto de dimitir por considerar que había sido engañado por Escañuela, y que Marcos Romagosa, este último director general de la RFET que se enfrenta a una inhabilitación de 17 meses por el TAD, faciliten progresivamente las cuentas que acrediten los 700.000 euros destinados a la Fundación y al Observatorio.
«Estamos actuando con prudencia y vigilancia. Lo que está claro es que hay ya una clara ruptura en lo deportivo y en lo económico», señalaron en tono positivo. «La disposición de Fernández-Ladreda y de Romagosa ahora es absoluta y hay una firme voluntad de poner todo en conocimiento».
En cuanto al acta que acreditaba el nombramiento de la anterior capitana de Copa Davis Gala León, ha quedado claro en la inspección a la Federación en Barcelona que no estaba firmada por el entonces secretario general, José Pedro García, del club Atlético Montemar, que dimitió al no estar de acuerdo con lo acordado en la Junta, y por tanto no tiene validez.
«Hay una firma ilegible en la que no se reconoce el nombre», señalaron. También se comentó el acta notarial de la dimisión de Escañuela publicada por el diario ‘Marca’. «No tiene validez y es una estrategia más de manipulación, sólo para impresionar».
Ya veremos en que terminan estos expedientes.
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