Pasado, presente y posible futuro del Real Betis Balompié

La situación del Real Betis Balompié es convulsa. Con distintos frentes abiertos en varios Juzgados de Sevilla, la inestabilidad del club parece hacerse más patente que nunca.

La vertiente penal. Todo comienza un 19 de marzo de 2008 cuando la Fiscalía de Sevilla interpone denuncia contra Manuel Ruiz de Lopera, máximo accionista de la entidad, por apropiación indebida. El Juzgado encargado de la Instrucción sería el número 6 de Sevilla, cuya titular era Doña Mercedes Alaya, y que tras distintos informes periciales y la toma de declaración de los imputados, decide adoptar el 16 de julio de 2010 cuatro medidas cautelares:

1. Prohibición a FARUSA (empresa titular de las acciones cuyo dueño es Lopera) de disponer de las acciones del Real Betis Balompié, solicitando al CSD que no autorizara la transmisión del paquete de acciones. Con ello quedaba paralizada la compra por parte de Bitton Sport de las acciones de FARUSA, la cual se había llevado a cabo tan solo unos días antes y cuyo titular es, entre otros, Luis Oliver.

2. Prohibición a FARUSA de ejercitar los derechos políticos de las acciones.

3. Se inhabilitaba a Manuel Ruiz de Lopera y a todos sus allegados para ejercer algún cargo dentro del Consejo de Administración del club.

4. Se requirió una fianza de 25 millones de euros a Manuel Ruiz de Lopera, que al no prestarse, derivó en el embargo de las acciones de las que era titular FARUSA.  

Esto ha provocado que el Real Betis Balompié haya tenido hasta cinco administradores judiciales distintos desde el año 2010 hasta el día de hoy: Rafael Gordillo, Luis Huidobro, Juan Manuel Gómez Porrúa que fallecería repentinamente, José Antonio Boch y Francisco Estepa. Y otros cuantos presidentes, el mismo Rafael Gordillo, Miguel Guillén, Manuel Domínguez y Juan Carlos Ollero.

Entre distintos recursos, recusaciones e informes periciales, llegamos al 8 de mayo de 2014, fecha en la cual se dictó auto de procesamiento contra Manuel Ruiz de Lopera y otros miembros de sus empresas por delito societario y apropiación indebida, y contra Luis Oliver Albesa por intentar “poner a salvo” las acciones de FARUSA “mientras él gestionaría el Club y obtendría las ganancias necesarias que le compensasen la colaboración con Don Manuel”. Además, se acordaba mantener las medidas cautelares por no haberse modificado las circunstancias que originaron su adopción. Este auto fue objeto de recurso por parte de la defensa de Lopera, cuya vista se celebrará en breve en la Audiencia Provincial de Sevilla. Tras ella, podremos saber si finalmente habrá juicio por este asunto o no.

Como hemos comentado, la medidas cautelares adoptadas fueron objeto de distintos recursos por parte de Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver. La Audiencia Provincial de Sevilla se pronunciaría sobre ellas el 10 de julio de 2015, declarando el alzamiento de todas excepto del embargo de las acciones. Sus posibles consecuencias serán analizadas posteriormente.

La vertiente civil: propiedad de las acciones.

El 22 mayo de 2012, 17 accionistas del Real Betis Balompié presentaron demanda en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla para reclamar la nulidad de la suscripción del 31,38% de las acciones del Club, de las cuales se hizo cargo FARUSA. Se basan en los distintos informes periciales realizados durante el procedimiento anteriormente resumido sobre la dilucidación de la existencia de delito societario y apropiación indebida. Según éstos, Manuel Ruiz de Lopera, mediante la empresa FARUSA, habría inscrito en el listado de socios con fecha 30 de octubre de 1992, 36.869 acciones, que a esa fecha, no habían sido adquiridas, y de las cuales 20.662 no serían abonadas nunca.

En la demanda, se solicitaron medidas cautelares similares a las ya adoptadas por el Juzgado de Instrucción número 6, y es por lo que a pesar de ser admitidas por el Juzgado de lo Mercantil, prosperó el recurso de apelación de Lopera, siendo revocadas por la Audiencia Provincial de Sevilla.

A finales de marzo de 2015 se llevó a cabo el juicio por este asunto, por el cual FARUSA, y por tanto Lopera, puede perder el 31,38% de la titularidad de las acciones, y con ello la mayoría accionarial de la entidad. Actualmente, se encuentra a la espera de sentencia.

La vertiente civil: concurso de acreedores.

El 20 de octubre de 2010, ostentando la administración del club por las medidas cautelares ya descritas, los administradores mancomunados, Rafael Gordillo, al abogado Juan Manuel Gómez Porrúa y al auditor de cuentas Luis Carlos Ruiz de Huidobro, presentaron la solicitud de concurso voluntario ordinario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla.

Aceptado con fecha 14 de enero de 2011, provocó la llegada de una administración concursal al club, hasta el 13 de junio de 2012, fecha en la que el juez aprobó el convenio de acreedores, y del cual restan por hacer efectivos, a día de hoy, unos 17 millones de euros.

A principios de marzo de 2015, se celebró el juicio del concurso, en el que tanto la Fiscalía, como la Administración Concursal, han solicitado sea declarado como culpable, pidiendo penas de hasta 15 años de inhabilitación y pagos de indemnización por daños y perjuicios por un total de unos 29,5 millones de euros. Al igual que el asunto anterior, está a la espera de sentencia.

¿Qué puede suceder ahora?

Con el levantamiento de las medidas cautelares en la vertiente penal, se abre un panorama complejo.

En primer lugar habría que estar a la decisión del CSD de si acepta la transmisión de acciones de FARUSA a Bitton Sport (Luis Oliver). Aquí debemos tener en cuenta que para la propia Audiencia Provincial que levanta las medidas cautelares existen “indicios suficientes de que la operación de venta pudiera ser simulada”, y que la Fiscalía y la Administración concursal en la calificación del concurso han solicitado la inhabilitación de hasta 10 años a los administradores de Bitton Sport, además de indemnizaciones por daños y perjuicios que ascienden a cerca de 8 millones de euros.

En segundo lugar tenemos que estar atentos a las actuaciones que se lleven a cabo en el Juzgado de lo Mercantil, ya que puede que decida adoptar las medidas cautelares que fueron revocadas por la Audiencia Provincial, al encontrarse vigentes las del Juzgado de Instrucción número 6.

O puede que dicte sentencia en alguno de los dos juicios ya celebrados, en cuyo caso, empezarían a resolverse muchas de las incertidumbres que rodean al Real Betis Balompié.

De momento, lo único que es seguro, es que con el levantamiento de las medidas cautelares, el Consejo de Administración ha acordado celebrar Junta General Extraordinaria el próximo 23 de septiembre, con el único punto en el orden del día de cese y nombramiento de nuevos consejeros. Para saber quiénes conformarán ese nuevo Consejo de Administración, si estará comandado por FARUSA (Lopera), Bitton Sport (Luis Oliver) o continuará con la administración judicial y el papel que tendrán otros paquetes accionariales como los de Manuel Castaño, José Miguel López Catalán o Ángel Haro, todavía habrá que esperar.