Fuego contra Miguel Cardenal

Todavía está en nuestra retina el espectáculo tan bochornoso ofrecido este invierno por los principales mandatarios del fútbol español, RFEF y LFP, que recordemos volvieron a faltarse al respeto en público, mostrando diferencias irreconciliables que desvelaban la ruptura de lazos entre las partes, salpicando, de paso, la gestión del CSD y su presidente, Miguel Cardenal, al denunciar Villar ante la FIFA y la UEFA el "desmesurado intervencionismo" de dicho organismo público, todo ello motivado, presuntamente, por las continuas auditorías de cuentas y justificación de subvenciones requeridas por el CSD a la RFEF y la negativa de ésta a atender dichos requerimientos.

Pues bien, por si todo esto no fuera poco, estos últimos días hemos conocido que el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha abierto diligencias previas para investigar el posible cobro ilegal de complementos de productividad por parte de miembros de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), antigua Agencia Antidopaje, con motivo de la interposición de una denuncia contra Miguel Cardenal, presidente del CSD por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos, falsedad en documento público y contra la Administración Pública.

La investigación ocasionada por la denuncia tiene su origen en un informe del Tribunal de Cuentas de octubre de 2014 que pone de manifiesto el anómalo funcionamiento de la Agencia Antidopaje entre los años 2009 a 2013. El Tribunal de Cuentas habría estudiado la contabilidad de la Agencia responsable de la lucha contra el dopaje y habría comprobado la existencia de notables irregularidades.

Por ejemplo, convertir el complemento de productividad en un sobresueldo encubierto a los directivos, a los que se habría pagado por decreto el máximo posible de ese complemento de productividad sin que nadie analizara ni estudiara si se habían conseguido los correspondientes objetivos, repartiéndose de esta manera, supuestamente, durante cinco años estas retribuciones irregulares entre sus altos directivos sin ningún tipo de control.

Además, el Tribunal de Cuentas pone también de manifiesto en su informe que la Agencia Antidopaje carece de Contrato de Gestión a pesar de ser el elemento estructural clave del desarrollo de su actividad como Agencia Estatal, incumpliendo lo dispuesto en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, que establece en sus artículos 13 y 14 la obligatoriedad del pertinente contrato plurianual de gestión, el contenido mínimo del contrato, los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidades y la forma de aprobación del mismo.  

Todas estas noticias han sido desmentidas por la AEPSAD en su página web que asegura que no tiene conocimiento alguno de la existencia de dicho procedimiento ni a través del citado Juzgado de Instrucción, ni por los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado, y que “todas las retribuciones aprobadas por la Agencia Antidopaje han sido previamente aprobadas por los Ministerios competentes, no han supuesto perjuicio alguno para la Hacienda Pública, ni para el Patrimonio de la Agencia, como también queda recogido en el propio informe del Tribunal de Cuentas”.

Pero lo cierto y verdad es que el procedimiento penal está en curso, la instrucción se está llevando a cabo y que, según el Auto dictado por el Juzgado, los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, aunque no están determinadas ni su naturaleza ni sus circunstancias, ni tampoco las personas que en ellos han intervenido.

¿Se está convirtiendo el deporte español en otro paradigma del caos y de la triquiñuela llevada al extremo? Porque no dejaría de ser paradójico que el presidente de un organismo que tanto celo pone en la persecución de determinados comportamientos censurables de los atletas y demás deportistas españoles, que se ha erigido en abanderado contra la corrupción en el deporte y que tanto empeño ha demostrado en lograr la necesaria transparencia contable de organismos y entidades dependientes de él - hecho éste que incluso le ha llevado al enfrentamiento con la RFEF al negarse ésta, como ya hemos referido, a las reiteradas peticiones por parte de aquélla de justificación de las subvenciones y de auditoría de las cuentas – fuera, supuestamente, tan laxo cuando se trata de su propio bolsillo (los vicios de otros serían virtudes propias), y se esté viendo implicado en un caso en el que se enjuician unos hechos similares a los que en tantas ocasiones ha reprochado.

Habrá que estar al resultado de la instrucción para ver cómo termina este serial y si los intereses que se ocultan tras la denuncia son los legítimos derivados de la exigible transparencia debida de las cuentas públicas u otros ocultos de terceras personas que han abierto el fuego contra Cardenal interesadas en manchar la imagen del máximo mandatario del deporte español por cuestiones puramente personales, como algunas malas lenguas se están apresurando a decir.