Aquellos que integran el deporte base andan estos días inquietos porque creen que a partir de noviembre todo va a cambiar. La manzana de la discordia sobre la que disputan federaciones, directivos, entrenadores y deportistas, por un lado, y el Consejo Superior de Deportes, por otro, es un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que se aboga por que los entrenadores y monitores sean contratados por los clubes, poniendo fin a una situación de "alegalidad" largamente tolerada. El CSD trasladó a las comunidades autónomas la intención del Gobierno de intensificar las inspecciones laborales, y la Junta de Andalucía ha reunido a clubes y federaciones para avisarles de que todos aquellos que no hayan dado de alta en la Seguridad Social a sus entrenadores (con independencia de qué cantidades reciban estos) se exponen a una sanción. Los directivos de las federaciones andaluzas consultados creen que la medida muestra un absoluto desconocimiento de la realidad social. Es "absurda", una "barbaridad" y una "aberración".
La propuesta del Ministerio, contenida en un estudio firmado a finales de julio al amparo de la Ley de Apoyo a los Emprendedores, pasa por "regularizar la relación laboral" entre clubes y entrenadores y deportistas con contratos a tiempo parcial "en los casos que proceda". El texto da un argumento: la "dificultad" para "ignorar el carácter laboral en prestación de servicios que une a estos clubs y entidades deportivas con sus trabajadores". Todos aquellos entrenadores, monitores y deportistas que perciban cualquier cantidad de sus clubes deberían ser dados de alta en la Seguridad Social. Ni la falta de ánimo de lucro ni la percepción de cantidades por debajo del salario mínimo son excepciones, dice el texto. Sin embargo, el estudio sí admite un matiz entre los conceptos de remuneración y la mera compensación de gastos esporádicos. El Ministerio insta a las administraciones con competencias a que "fomenten" el contrato de trabajo a tiempo parcial y la Junta de Andalucía está informando a los clubes y a las federaciones de que las inspecciones se intensificarán a partir del 3 de noviembre.
Los directivos de las federaciones y clubes consultados creen que el Gobierno no ha sido sensible a la "función social" que realizan por delegación de la Administración, que es, recuerdan, quien tiene la obligación de fomentar el deporte. "Han entrado como un elefante en una cacharrería", opina Enrique López, presidente de la Federación Andaluza de Atletismo. Su discurso es prácticamente idéntico al de los otros presidentes: "Esto está basado en un porcentaje altísimo en el voluntarismo, a veces compensado con 100 euros o ciento o pico". "Al final vamos a acabar con el deporte minoritario. Esto lo llevamos entre cuatro jubilados y cuatro altruistas", explica Fernando García Escudero, presidente de la Federación Andaluza de Halterofilia.
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