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El empresario uruguayo Francisco «Paco» Casal declaró ayer como testigo en el juzgado de Crimen Organizado en el marco de la causa donde se investigan denuncias de corrupción y lavado de dinero en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Según informa el sitio El Observador de Uruguay, Casal declaró que el anterior Comité Ejecutivo de la Conmebol era «un gran cónclave mafioso», «una asociación para delinquir», según afirmó ante los periodistas el abogado de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Pablo Barreiro, quien participó de la audiencia celebrada ante la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez.
El empresario accionista de Tenfield agregó que «la mafia sigue enquistada en la Conmebol» y disparó contra su actual presidente, el paraguayo Juan Ángel Napout, quien asumió en agosto del año pasado al tiempo que el también uruguayo Eugenio Figueredo emigraba hacia la vicepresidencia de la FIFA.
La denuncia que diera origen al inicio de la investigación penal en Uruguay fue presentada en diciembre de 2013 por siete clubes uruguayos aunque sólo fue ratificada por la mutual de futbolistas, ante sospechas que los clubes habían sido amenazados por los dirigentes de la Conmebol con quedar fuera de las competencias continentales si continúan adelante con la causa.
La empresa de Casal (Global Sport) habría ofertado US$ 805 millones por los derechos de TV de las ediciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana desde 2015 al 2020, sin embargo, la Conmebol le otorgó a la empresa T&T Sports, que habría presentado una oferta de pago menor, de US$ 381 millones.
El fiscal Gómez dijo a El Observador que fue «una audiencia absolutamente provechosa a los fines de la investigación».
Además de Napout, Casal señaló como integrantes de la supuesta organización mafiosa al paraguayo Nicolás Leoz, presidente de la Conmebol entre 1986 y 2013, y al español Gorka Villar, hijo de Ángel María Villar presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), asesor legal y director general de la Conmebol.
Fuentes tribunalicias consideran probable que en el curso de esta causa penal radicada en Uruguay, sean requeridos otros testimonios y también documentación que obra en Argentina, Paraguay y EE.UU.
