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El juez José Manuel Martínez Borrego dio el “visto para sentencia” agotado, con una interminable prueba documental que tendrá que revisar atentamente y con un descarado baile de cifras que, a pesar de no ser especialista en materia de contabilidad, tratará de descifrar en su despacho, según informamos en Diario Gol.
En la última sesión del juicio, solamente dos abogados tuvieron turno de palabra para exponer sus conclusiones. Javier Arraut, abogado de Alfons Castro y uno de los que más se ha esforzado en entender los aspectos contables, e Ignacio Figuerol, abogado de la aseguradora Zúrich.
La declaración de este último fue especialmente importante teniendo en cuenta que, si el expresidente Joan Laporta y sus 16 exdirectivos pierden el juicio, Zúrich podría tener que responder subsidiariamente de 25 millones de euros en cumplimiento del contrato firmado con el Barça en 2007 como póliza de seguros del club. Figuerol, sin embargo, cuestionó que la aseguradora tenga que hacerse cargo de la citada cantidad, si se da el caso.
En declaraciones a Diario Gol, el abogado de Zúrich dijo, irónico, que “la aseguradora siempre es la mala de la película”. Antes, trató de convencer al juez de que “en este caso no concurren los presupuestos que cubre una póliza de responsabilidad civil”. “Una cosa es una pérdida contable y otra cosa es un daño real, que es lo que cubre la póliza. En el caso que nos ocupa no se ha acreditado la concurrencia de ningún acto incorrecto, negligente o culposo. No hay ningún daño real y en ningún caso –insistió– la póliza puede cubrir los 63 millones de pérdidas que se originaron en 2003, ya que esta póliza se firmó en 2007”, enfatizó.
Asimismo, Figuerol confirmó la información publicada en primicia por Diario Gol: “La póliza cubre un máximo de 25 millones de euros, a los que habría descontar lo que han cobrado los abogados, que son 1.146.424,78 euros”. En caso de que pierda la junta actual del Barça, el club tendrá que hacer frente a este pago.
La sentencia
Se espera la sentencia en torno al día 20 de octubre.
Los primeros aspectos que debe resolver el juez son si existe caducidad y prescripción –los demandados alegan que se incumplió el plazo de un año desde la presentación de cuentas para presentarla de la acción de responsabilidad impulsada por la junta de Sandro Rosell en julio de 2011.
Asimismo, Martínez Borrego tratará de esclarecer si las cuentas de Laporta eran válidas y si, por tanto, deberían haberse presentado ante la asamblea de socios compromisarios de 2010.
Del mismo modo que abordará, en consecuencia, si la reformulación de las cuentas hecha por el actual vicepresidente económico del club, Javier Faus, era legítima. En caso de que lo fuese, el juez entrará a valorar los aspectos contables, a pesar de que ya existe una sentencia de la Audiencia Provincial que analizó esa cuestión y desestimó la impugnación de las cuentas reformuladas.