Villar declara el jueves ante el juez Pedraz por el caso Soule

Tal y como adelantamos el pasado día 1, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Angel María Villar, declarará finalmente en la Audiencia Nacional el jueves 28 de febrero en relación al llamado caso 'Soule', que investiga pagos de miles de euros a cambio de servicios ficticios y por el que también han sido citadas otras 10 personas vinculadas al caso.

Además de Villar, está citadas como investigadas otras cinco personas, entre ellas el ex administrador general de la federación José María Castillón, según han indicado a Efe fuentes judiciales.

El juez ha llamado a declarar también a cinco testigos, entre los que se encuentra el expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) Miguel Cardenal.

La Fiscalía Anticorrupción impulsó en el verano de 2017 la Operación Soule, que condujo a la detención del que fuera presidente de la RFEF durante 29 años, junto a su hijo Gorka y el entonces vicepresidente económico de la RFEF, Juan Padrón.

El juez imputó entonces a Villar y Padrón delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

Tras la detención, el expresidente de la RFEF estuvo diez días en prisión provisional, hasta que abonó una fianza de 300.000 euros.

Según el juez Pedraz, Villar habría tejido un "entramado" de sociedades para el desvío de dinero de fondos de la federación y establecido un sistema clientelar en la contratación del personal y adjudicación de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas a él directamente o a través de familiares.

La investigación

El juez Santiago Pedraz investiga a Villar, que se encuentra en libertad con medidas cautelares, por su presunta intervención en los pagos a cuenta de la Federación por servicios inexistentes o preceptos que no se correspondían con la realidad, en una práctica que los investigadores sitúan al menos desde 1999 y que sería constitutiva de delitos de administración desleal y/o apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

En concreto, el juez investiga los pagos a A. G. S., que entre 1999 y 2018 habría percibido 283.246 euros y J. P. T., que desde 2009 y hasta 2016 se habría embolsado al menos 200.000 euros, justificados en contratos presuntamente ficticios y firmados a sabiendas de que ninguno de ellos prestaba ningún servicio.

En la misma línea, está bajo investigación el cobro por parte de D. P. M. de una cantidad superior a 80.000 euros en 2006 y 2009 en concepto de una jubilación que no se habría producido dado que ella seguía cobrando -unos 70.000 euros de media anual entre 2010 y 2016--.

Además, se le imputan los pagos al hijo del presidente de la Federación Melillense de Fútbol, que habría resultado beneficiado con más de 100.000 euros entre 2012 y 2016 también con base en una aparente contratación de servicios acordada en las oficinas centrales de la Mupresfe cuando Villar la presidía.

SUBVENCIONES AL CAMPO DE FÚTBOL DE TORRELAVEGA

Estas cinco personas beneficiarias de los presuntos pagos ficticios han sido llamadas a declarar como investigadas ante el juez Pedraz a partir del 26 de febrero, igual que el propio Villar, que podrá ampliar el testimonio que prestó que ya prestó el 21 de julio de 2017, después de ser detenido junto a su hijo Gorka y el exvicepresidente de la Federación Tinerfeña, Juan Antonio Padrón.

Además, en esta nueva 'tanda' de declaraciones, se abordará la subvención que recibió la Federación Cántabra de Fútbol para la remodelación del Campo de Tanos, según las mismas fuentes jurídicas, para lo que el juez ha citado como testigo al ex secretario de Estado para el Deporte Miguel Cardenal, que ostentaba el cargo cuando se concedió esa ayuda pública, tal y como ha avanzado La Información.

También están llamados la actual directora General de Fútbol Profesional en el Consejo Superior de Deportes (CSD), Lucía Muñoz-Repiso, que en 2014 firmó un informe sobre los incumplimientos del Ayuntamiento de Torrelavega en relación a la subvención, el funcionario del CSD que realizó las actas de inspección, el exdirigente de la Federación Cántabra Fernando Corral y el alto funcionario F. P. B. C.

Villar no declaraba en la Audiencia Nacional desde el 21 de julio de 2017, después de ser detenido. El juez instructor le envió entonces a prisión, junto a su hijo Gorka, imputados por delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

Sólo diez días después, el magistrado decretó para ellos libertad provisional bajo fianza en metálico de 300.000 euros, en el caso del expresidente de la RFEF y del exvicepresidente de la Federación Tinerfeña, Juan Antonio Padrón, y de 150.000, en el caso de Gorka Villar. A los tres les impuso medidas cautelares.