La Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado y el Consorcio de Compensación de Seguros no han entregado aún los informes solicitados por el juez y que son clave para esclarecer los hechos / La causa se instruye desde hace más de cuatro años
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye la causa por la operación Soule, también conocido como caso Villar, que amplíe la investigación seis meses más, según informa Antonio Salvador en El Independiente.
El motivo: estar pendiente la entrega de varios informes periciales que resultan esenciales para el esclarecimiento de los hechos y de que se resuelva si se admite la declaración testifical que ha solicitado una de las partes personadas en el procedimiento.
El magistrado Alejandro Abascal, que se acaba de hacer cargo temporalmente del Juzgado Central de Instrucción 1 a la espera de que se incorpore su titular (Luis Francisco de Jorge) a principios de 2022, dictó una providencia a mediados de la pasada semana con la que daba tres días a acusaciones y defensas para que alegaran sobre la eventual prórroga del periodo de instrucción al expirar éste el próximo 29 de julio. Previsiblemente, el juez acordará que la investigación se amplíe hasta finales de enero.
Las diligencias del caso Soule se abrieron el 18 de abril de 2017 y se mantuvieron bajo secreto hasta el 31 de julio de dicho año, 13 días después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieran al ex presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar y a otros directivos por administración desleal y la comisión de otros posibles delitos. Se cumplen ahora cuatro años desde que trascendieron las pesquisas que llevaba a cabo el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, entonces dirigido por Santiago Pedraz.
En su escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, la fiscal asignada al caso considera «necesaria» la ampliación de las pesquisas judiciales por otros seis meses más para que puedan incorporarse a las actuaciones los informes periciales encargados en su momento como auxilio judicial y que tan sólo han tenido avances preliminares por la complejidad de los hechos que se analizan, el volumen de la documentación y la demora en algún caso de la puesta a disposición de los técnicos de los papeles.
En concreto, hay tres organismos a los que el juez ha pedido dictámenes y que aún no han sido entregados en su totalidad, entre otras razones porque han sido objeto de ampliación. Uno de ellos lo tiene que elaborar la Agencia Tributaria, cuyos técnicos tiene que analizar -entre otras cuestiones- el «concepto, la cuantía, la regularidad y la declaración tributaria de los fondos federativos percibidos en concepto de desplazamiento».
También falta el trabajo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) relativo al análisis de los más de 344,13 millones de euros percibidos por la RFEF de LaLiga entre los años 2008 y 2017, la distribución del porcentaje del 1 % o del 4,55 % de la recaudación por las apuestas mutuas deportivas destinadas a obras de campos de fútbol no profesional y de la regularidad en la contratación y pago de distintas obras con dichos fondos, según recuerda el Ministerio Público en su escrito. El retraso en la recepción de documentación considerada «esencial» y la falta de otra «pendiente de recibir» justifican esta demora, lo que ha llevado a los técnicos de la IGAE a pedir al juez que les dé más margen para poder completar el encargo.
Tres organismos tienen todavía que aportar los informes periciales solicitados por el juez, clave para esclarecer los hechos
Asimismo, el Consorcio de Compensación de Seguros -dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital- tampoco ha completado aún el informe sobre las operaciones realizadas por la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija (Mupresfe) y de sus delegaciones territoriales, una de las principales líneas de investigación de este procedimiento.
Anticorrupción recuerda que la instrucción que se lleva a cabo desde hace más de cuatro años ha revelado la existencia de un «entramado societario» para la desviación de fondos públicos y privados a como privados) a sociedades vinculadas a algunos de los investigados. «Estableciendo, asimismo, un clientelismo tanto en la contratación del personal, que recaería fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente o bien a través de familiares, y mediante la obtención de determinadas contraprestaciones por dichas adjudicaciones, con un claro incumplimiento de sus obligaciones como responsables», añade la fiscal.
La causa acumula una treintena de imputados, entre ellos varios que son o han sido dirigentes de las federaciones territoriales.
En concreto, los delitos que se investigan son administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, corrupción entre particulares y contra la Hacienda Pública.
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*Publicado por Antonio Salvador en El Independiente
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